Tecla 7/6 Todas las voces juntas no son silencio

Hay silencios que se imponen y que secuestran todo contrapeso político.
Es donde gana la impunidad, en donde se impone la simulación.
En Coahuila el ejercicio abusivo del poder estatal, con un partido político sumiso mas que aliado, llega a desvaríos de tal extremo que pretender escupir a la sociedad podría entrañar méritos para ascender en esa escalera putrefacta del funcionario público.
El “chíngame a ese cabrón pendejo” para tratar así a ciudadanos o Notarios Públicos pareciera gracia política en Coahuila en un sistema corrupto y corruptor que nos rige, y que hace ver su rostro violento, retador y madreador.
–¿Derechos humanos?
–¿Legalidad?
–¿Estado de derecho?
Quien no se acalambra para festejo del gobernante coahuilense cuando al ciudadano, sin ningún rubor, se le grita, “chíngame a ese cabrón pendejo”.
El funcionario “público” debió de haber sido amonestado por la fuerza “pública” de élite coahuilense por la amenaza a un Notario Público, pero para el festejo del gobernante de Coahuila, tal expresión violenta le debió de haber merecido cuando la acción implicaba acosar al propietario de Vanguardia de Saltillo, Armando Castilla.
Sin embargo no todo ha sido silencio.
Diversos sectores sociales coahuilenses se han manifestado en contra del abusivo ejercicio del poder en Coahuila, lo que además de inmediato generó una reacción solidaria a una veintena de grupos editoriales que ejercen liderazgo en la información en sus respectivos estados.
Para malestar del gobernante coahuilense y su partido político que no aliado, no obstante el silencio se ha seguido rompiendo.
Cada vez son mas la voces que le dicen a Vanguardia y Armando Castilla que no están solos.
Ayer mismo, la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP– que es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas y que está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, con sede en Miami, Estados Unidos,
condenó el excesivo despliegue de fuerza durante un operativo policial en la propiedad del director general del diario Vanguardia quien, además, la semana pasada denunció intimidación y vigilancia contra sus periodistas, lo que provocó que prensa en una veintena de estados del país asumiera por igual solidaridad en un desplegado abierto
En el caso de la comunidad internacional de prensa, en una misiva enviada al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, censuró el exagerado operativo de allanamiento con maquinaria pesada y armas de fuego el pasado 6 de mayo que involucró a unos 30 agentes del grupo élite de la Policía, Fuerza Coahuila y a otras 30 personas de civil, solo “comparable al que se puede imponer a un delincuente”.
“El comando armado de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, al Noreste del país, irrumpió de manera violenta en una propiedad del director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo en la ciudad de Saltillo. El operativo se realizó en cumplimiento de una orden judicial por una demanda hipotecaria”, precisa la información divulgada por la SIP.
Se indica por igual en el texto difundido que Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, reclamó al Gobernador por la obstrucción al “derecho a la defensa de Castilla Galindo, al que se le impidió, junto a su representante legal, ingresar a los predios” durante el operativo.
“La manera exagerada en la que fue efectuada esta maniobra genera sospechas sobre posibles represalias contra el diario y sus periodistas, al ocurrir pocos días después de la denuncia de actos de difamación, vigilancia e intimidación contra sus reporteros”, lo que originó un pedido de medidas cautelares de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la integridad física del personal, las instalaciones y equipos de Vanguardia, agregó Paolillo.
Paolillo expresó al Gobernador su confianza de que “este tipo de medidas de fuerza no se repita” y pidió “se respeten todas las garantías al debido proceso que tiene el Sr. Castilla Galindo como cualquier otro ciudadano protegido por la Constitución” y que se adopten las medidas de protección solicitadas por la CNDH.
Todas las voces juntas, no son silencio.

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