Tecla 7/6 Pensiones, la discreción rota David Rojo

 

Una “discreción” oficial, ayer fue rota por La Jornada. En una publicación de Susana González G. el diario capitalino advierte que sobre las pensiones una nueva jurisprudencia laboral (8/2016) de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en febrero pasado se indica que “el tope máximo para el pago de ese derecho es de 10 salarios mínimos y no de 25, como se establece ahora”.

Susana González G., en La Jornada observa:

“Se trata de una nueva ofensiva que reedita la registrada en julio de 2010, la cual fue detenida por el Poder Legislativo y las protestas de diversos sectores, pero que ahora ha pasado desapercibida, advirtieron expertos en derecho laboral y pensiones, así como la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián, e incluso el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)”.

El pasado 19 de febrero, la Corte publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia 8/2016 (10a.), aprobada por la segunda sala respecto de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los tribunales colegiados decimotercero del primer circuito y tercero del cuarto circuito, ambos en materia de trabajo. Con esto, se vuelve a poner en riesgo el límite superior de pensiones por cesantía en edad avanzada, se indica en La Jornada.

“La resolución –se da la precisión– indica que el tope máximo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte será el equivalente hasta de 10 salarios mínimos y no de 25, como se ha pagado desde hace muchos años”.

También, se indica en el diario capitalino que en caso de que el IMSS decida adoptar la jurisprudencia de manera general y su aplicación no quede limitada a quienes acudan a los juzgados para inconformarse con el monto que se les asigne en su pensión, resultarían afectados unos 150 mil trabajadores y empleados de clase media que perciben un ingreso de más de 10 salarios mínimos, desde profesionistas e investigadores, empleados de clase media, hasta ejecutivos de alto nivel de grandes corporativos que están en una edad que los hace ser la generación en transición entre ambas leyes.

Se empieza con la clase media para después hacerlo progresivamente y si el tema no se ha conocido es que las autoridades se están cuidando para no enfrentar riesgos políticos, consideró, Araceli Damián.

Cifras del IMSS indican que hasta 2014 sólo 9.3 por ciento de los asegurados ganaban más de 10 salarios mínimos, otro 22.8 por ciento percibían más de cinco y hasta 11, en tanto que 67.8 por ciento reciben de uno a cinco minisalarios. Si tales proporciones se mantienen hasta la fecha implicaría que hay 1.6 millones de afiliados que ganan más de 11 salarios mínimos, pero no todos comenzaron a cotizar bajo la antigua ley, se detalla.

Susana González G. refiere en su documentada información que además hace seis años, cuando se emitió otra jurisprudencia similar que generó la oposición de legisladores y diversos sectores, la SCJN tuvo que aclarar que no redujo el tope máximo de las pensiones de 25 a 10 salarios mínimos, sino que sólo hizo una interpretación de la ley y acotó la aplicación de ésta a los tribunales cuando tuvieran que resolver el caso de algún asegurado del IMSS que cotizara bajo el régimen de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

“El tema no ha trascendido al Congreso ni a la discusión pública como en 2010”, señaló el abogado laboral Arturo Alcalde.

A mediados del marzo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó sobre la nueva jurisprudencia y criticó que la Corte no tomara en cuenta las puntualizaciones que hizo en 2010 sobre la aplicación del fallo sólo en tribunales.

La segunda sala de la SCJN debe aclarar el alcance de la tesis 8/2016, en aras de no generar malas interpretaciones y la disminución indebida de pensiones del IMSS, a la vez que, entre otros efectos nocivos, afectaría a empresas con planes de pensiones complementarios, indicó el IMEF, puntualiza entre otras observaciones en la publicación de La Jornada.

Se trata desde luego de un tema de alto interés que al igual que en otras partes del país, en Los Cabos será causa de reflexión y análisis y de los pronunciamientos que hagan al respecto –y por supuesto que lleguen a ser contundentes—por parte los senadores sudcalifornianos identificados con tres plataformas que le distinguen como el obrero en el caso del dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, el del sector popular Ricardo Barroso Agramont y el empresario Juan Fernández Sánchez Navarro.

Aparte, se encuentran los diputados federales de las bancadas panista y priista.

Si de presión se trata a las pensiones que tienen su soporte en el recurso público, apare nada se ha dicho de los privilegios de las pensiones de ex presidentes –con  todo un sequito de guaruras, secretarias, boletos de avión…) o con ex magistrados, con los que hace apenas unas fechas atrás en relación a los de materia electoral los privilegios del poder político tuvieron que recular.

Pero las presiones a los recursos públicos no tienen nada mas que ver con las pensiones –que es un derecho indiscutible a una vida dada a la producción y por tal a la generación de la riqueza—sino a los abusos, excesos y a los privilegios de una casta de los tres poderes ajena a los padecimientos de los contribuyentes y de las necesidades sociales de un país que sigue perdiendo calidad de vida.

Para muchos el IMSS es una bendición constitucional, que lo siga siendo.

Si que se tapen los hoyos al presupuesto público, pero que se empiece con los privilegios del poder político: nada mas hay que ver que esta casta de privilegiados, no va al IMSS a hacer fila para recibir consulta, tienen sus servicios médicos especiales que los paga el castigado contribuyente.

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