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VIERNES 24 de octubre del 2014 
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14 / 02 / 2013
Un amargo episodio

El 31 de julio de 1972 un grupo de normalistas encabezado por Miguel Castro Bustos y Mario Falcón tomó por la fuerza las instalaciones de la rectoría de la UNAM. Exigían su incorporación automática a la Facultad de Derecho, aunque no cumplían con los requisitos académicos para ello.

En un boletín de prensa, los voceros de la UNAM explicaban: “...las personas que tomaron la rectoría trataron de obligar al rector a firmar un documento desconociendo a otra autoridad universitaria como es el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Cuando el rector se negó a firmar ese documento, cerraron las puertas tratando de impedirle el paso y diciéndole que se quedarían allí hasta en tanto no firmara dicho documento. Esta petición fue formulada por los normalistas encabezados por Miguel Castro Bustos, alumno inscrito en la Universidad desde 1956, expulsado; y que tiene una inscripción que es inválida de acuerdo con un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con base a los reglamentos universitarios.

La violencia y el intento de secuestro fueron impedidos por aproximadamente 80 estudiantes de las preparatorias populares, quienes de manera natural se concentraron al ver el artificio y la violencia de las amenazas contra el rector, quien solo se encontraba acompañado por el profesor Félix Barra. Gracias pues a la intervención de los estudiantes de la Preparatoria Popular que le hicieron una valla, y sin violencia alguna -dado el gran número de ellos-, reabrieron las puertas y pudo el rector, con la mayor calma, salir de su oficina”. (JW. Historia documental del SPAUNAM. ECP. 1988).

Si bien el intento de secuestro del rector Pablo González Casanova no pudo consumarse, la agresión continuó hasta el 30 de agosto, un largo mes durante el cual las oficinas del rector estuvieron en manos de ese grupo de vándalos.

En aquel entonces, Fernando Benítez escribió en Excélsior: “El rector de la Universidad configura un fenómeno extraordinario. Rodeado de 150 mil estudiantes, disponiendo de una ciudad, de vastos centros culturales y de un ejército de funcionarios, maestros y empleados -más de 28 mil-, se encuentra drásticamente solo apoyado en su autoridad moral. A sus oficinas, puede acceder cualquier grupo, en cualquier momento con la mayor impunidad, sin que haya nadie que pueda otorgarle protección ni la sombra de una defensa” (10-08-72).

Y Miguel Ángel Granados Chapa, en el mismo periódico, analizaba: “Es atroz que nadie pueda hacer salir a los invasores de la rectoría. Es más grave, todavía, que sabiéndose que cuentan con apoyo superior, y aún teniéndose la certidumbre moral de dónde se localiza éste, no se pueda proceder en su contra por falta de evidencias probatorias. Pero, de no ser por su importancia simbólica, la toma de la rectoría no pasa de ser una anécdota.

“Lo que no es anecdótico, sino una de las causas de las crisis periódicas de la Universidad, es que no hay en la Universidad ninguna organización social cuya fuerza moral y solidaridad pueda evitar actos como el que se trata.

“Se explica que los estudiantes no tengan, hoy día, organizaciones que los agrupen y representen. La crisis de 1968 dio fin al sistema de sociedades de alumnos, precario, ineficaz y corruptible intento de coaligar a los estudiantes. Hoy actúan los comités de lucha. Pero es por lo menos dudosa su representatividad, medida según los cánones de la democracia formal o de la popular.

“Los profesores tampoco están organizados. Hay sí, asociaciones, uniones y hasta un sindicato; pero son agrupamientos parciales, algunos de ellos efímeros, otros formados con propósitos de política externa. Algo semejante ocurre con los empleados administrativos, uno de cuyos sindicatos no ha podido obtener el registro laboral correspondiente, aunque la Universidad es un empleador indudable” (15-08-72).

Y en efecto, fue esa toma de rectoría, que generó no solo malestar sino incertidumbre, la que llevó a un grupo de profesores e investigadores de las facultades de Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y algunos institutos, a reunirse para discutir qué se podía y debía hacer ante la patente fragilidad de la UNAM. Ese agrupamiento se convirtió en el Consejo Sindical (1972) que a su vez sería el promotor de un sindicato del personal académico (el SPAUNAM, 1974) que surgió no solo para defender los intereses laborales de sus agremiados sino a la propia “fuente de trabajo”, la UNAM, como la más importante universidad del país. Se trataba de proteger a las universidades públicas de los recurrentes embates de los que eran víctimas.

Han pasado un poco más de 40 años. Mucha agua ha corrido bajo y sobre el puente. Pero la vulnerabilidad de la UNAM sigue ahí. Un grupo de encapuchados rompe los cristales y toma las instalaciones de la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades. Su linaje no se encuentra en 1968 sino en 1972. Mientras, la comunidad tiene un déficit de organización. Y sus organizaciones una espectacular carencia de compromiso con la propia Universidad.

  José Woldenberg




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