México, DF.- Identificación más estricta del cliente e incluso delimitación de personas políticamente expuestas que contraten una fianza o seguro, forman parte de las nuevas disposiciones que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para prevenir el lavado de dinero, las cuales se actualizaron luego de ocho años.

La dependencia emitió una nueva versión de las disposiciones de carácter general del artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como de las referentes al artículo 140 de la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las normas que ayer fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no se actualizaban desde 2004. Darío Luna, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, dijo en entrevista que las reglas se actualizaron para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Destacó que uno de los cambios importantes es que las compañías clasificarán a los clientes de acuerdo al riesgo que tienen principalmente por no vivir en el País o por ser personas políticamente expuestas.

“Por ejemplo, seguros que tienen inversión en dólares. Este tipo de operaciones si en algún momento se llegaran a cobrar con dólares en efectivo llegan a generar una operación riesgosa por el tipo de producto, de ahí la clasificación”, comentó.

 La SHCP señaló expresamente la prohibición de suscribir convenios con clientes anónimos o sin comprobar lo suficiente su identidad.

En las reglas anteriores, tanto afianzadoras como aseguradoras, se solicitaba al cliente que contrataba, sus datos generales, además de Registro Federal de Contribuyente o Clave Única de Registro de Población e identificaciones oficiales.

Bajo las nuevas reglas, ahora se deberá distinguir entre clientes nacionales o extranjeros, asentar datos del propietario real de la fianza o seguro, obligado solidario e incluso datos del cónyuge o dependiente económico cuando se trate de una persona políticamente expuesta.

Este último concepto abarca a individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de Gobierno.

Además, las afianzadora deberá celebrar una entrevista personal con el contratante o con su apoderado, a fin de que recabe los datos y documentos de identificación respectivos.