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VIERNES 24 de octubre del 2014 
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El escritor Jorge Volpi califica el hecho como un pequeño y torpe proceso inquisitorial, propio de Kafka, y pide aclarar cuáles fueron las opiniones expresadas que causaron su baja
 
11 / 07 / 2011
El texto que desató la ira

Primera parte
 

 

Esta conferencia, pronunciada el 12 de abril de 2011 en la Universidad de Castilla-La Mancha, fue la que desató la ira de Jorge Zermeño, embajador de México en España, y la decisión de la secretaria Patricia Espinosa de cancelar mi nombramiento como agregado cultural en Italia, enmascarándola con un falso “recorte presupuestal”. Llegar a la verdad en este asunto requirió una pesquisa propia de una (mala) novela de espionaje, pero las fuentes que la han corroborado son absolutamente confiables, aunque por supuesto no pueda revelarlas. Como cualquier lector podría constatar, las opiniones vertidas aquí no hacen sino prolongar las ideas de mi libro El insomnio de Bolívar (Premio Debate-Casamérica), publicado en abril de 2009. La versión completa puede ser consultada en www.reforma.com. (J.V.)

 

Obertura. México en La Mancha

Agradezco la invitación del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha para dirigirme a ustedes en torno a la situación política, social y cultural de México en 2010, mientras este País celebraba el bicentenario del inicio de su Independencia, justo ahora, en 2110, que se cumplen cien años de aquel momento.

 

Primer acto. El baile del Bicentenario

Historiadores y agoreros señalaron la coincidencia: si 1810 dio origen a una conflicto que se prolongó once años y 1910 a una revolución que duró diecinueve, 2010 vio el apogeo de la llamada guerra contra el narco, que no concluyó sino dieciocho años más tarde, en 2026, cuando México anunció la legalización de las drogas duras. Las estadísticas muestran una catástrofe de proporciones bélicas: más de 30 mil muertos entre 2006 y 2010, a los que habrían de sumarse miles en los lustros subsecuentes.

El comercio de drogas siempre estuvo presente en México, si bien su expansión se aceleró a partir de los años 40. En ese momento, los traficantes que habían surtido de alcohol al sur de Estados Unidos durante la Prohibición se reconvirtieron en exportadores de droga, en especial de marihuana. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la política de salud pública en Estados Unidos se volvió más restrictiva, al grado de ilegalizar todo tipo de psicotrópicos y de perseguir su producción, distribución y consumo. Entretanto, la demanda de estos productos se incrementó drásticamente y los traficantes mexicanos, más tarde aliados con productores colombianos, no tardaron en aprovechar este filón.

De 1929 al 2000, México estuvo gobernado por un solo partido, en un sistema político al que Mario Vargas Llosa denominó “dictadura perfecta”, que se asemejaba más bien a un autoritarismo selectivo, pues a la vez consentía mayor libertad cívica que cualquier dictadura latinoamericana del momento --o que el comunismo cubano o soviético--, y mantenía un férreo control sobre casi toda la vida pública y no dudaba en emplear la fuerza cuando se sentía amenazado (como en 1968). El PRI no sólo se transformó en una eficaz máquina para ganar elecciones, sino en una estructura que acabó por permear todo el desarrollo del País, provocando que el orden institucional adoleciese de sus mismos vicios y lastres.

El régimen de la Revolución construyó un andamiaje jurídico ejemplar que no se correspondía con una realidad dominada por la corrupción, el autoritarismo y un precario estado de derecho. Si bien algunos de sus miembros se atrevieron a confesar la conveniencia de pactar abiertamente con los narcos, en realidad el entramado social del priismo, donde los actos del gobierno y del partido se fundían con toda clase de negocios ilegales, alentó su florecimiento mediante una serie de acuerdos tácitos entre los responsables políticos, la policía, los tribunales y los delincuentes. Hasta sus últimos días en el poder, el PRI mantuvo este statu quo e, incluso ante escándalos como el asesinato de un agente de la DEA en 1985 y el Arzobispo de Guadalajara en 1993, la detención de altos funcionarios vinculados al narco o la prominencia de ciertos capos, jamás alteró esta estrategia.

El triunfo del candidato del PAN en 2000 parecía destinado a cambiar la situación, pero a nivel local las viejas alianzas del priismo se conservaron prácticamente intactas. Sólo que, ante la ausencia de un poder central omnímodo, el tejido de complicidades que había asegurado el orden y la relativa estabilidad del País comenzó a resquebrajarse. En este escenario fluctuante y movedizo, los antiguos acuerdos entre el gobierno y los narcotraficantes --y de éstos entre sí-- se volvieron cada vez más frágiles o de plano se quebraron. De pronto ninguna autoridad podía asegurar que se respetaría una plaza o una ruta --palabras clave del nuevo narcolenguaje-- o que ciertos capos serían intocables. La perversa e implacable lógica priista quedó desgajada, dando lugar a un terreno pantanoso. El gobierno del presidente Calderón acertó en sus críticas: durante el sexenio de Vicente Fox nada se hizo, ya no para transformar el sistema, sino para comprender las consecuencias sociales provocadas por la descomposición del antiguo régimen.

A este escenario inestable se sumaron dos elementos externos. Si bien el discurso antiinmigrante se había apoderado ya de amplios sectores de la derecha estadounidense, los atentados terroristas del 11-S fueron el mejor pretexto para tratar de cerrar aún más la frontera. En segundo lugar, la facilidad para adquirir toda clase de armas en Estados Unidos favoreció que los distintos grupos de narcos, cada día más atomizados e incontrolables, se armasen cada vez más.

Las elecciones federales de 2006 fueron una pesadilla después del breve sueño democrático del 2000: el triunfo de Felipe Calderón ante al candidato de la izquierda, por menos de un punto, provocó una agitada protesta poselectoral y Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer la legitimidad de su contrincante. Aunque esta deriva radical alienó a la mayor parte de sus seguidores, la crisis enturbió el inicio del gobierno de Calderón. A 100 años de distancia aún no es posible saber, de forma definitiva, hasta dónde la guerra contra el narco fue emprendida en busca de la legitimación política, como señalaron los rivales de Calderón, o debido a una decisión consciente de desmantelar las complicidades que subsistían desde la época priista, como aseveraba el propio Gobierno, pero su proclamación en 2007 se convirtió en disparador de la ola de violencia. En cualquier caso, el diagnóstico sobre la situación elaborado por Calderón era preciso: la precaria estabilidad abonada por los gobiernos priistas había comenzado a resquebrajarse con la consiguiente descomposición del tejido social.

¿Podemos asegurar que, de no haberse lanzado la guerra contra el narco, la violencia se hubiese conservado en los niveles anteriores a 2007? Difícil saberlo. Pero el lanzamiento de los llamados “operativos conjuntos” del ejército sin duda contribuyó a aumentar el número de homicidios ligados al narco entre 2008 y 2010. Distintos estudios demostraron que las espectaculares detenciones de diversos capos también influyeron en este dramático incremento. En un modelo caótico, desprovisto de referentes y normas, la repentina desaparición de los últimos responsables de conservar cierto orden --así fuese desde la ilegalidad-- condujo sin remedio a una suerte de anarquía. Cada vez que se eliminaba un capo, sus lugartenientes no tardaban en batirse entre sí para ocupar su lugar, provocando una incontenible sucesión de venganzas (semejante a la Orestíada).

El México previo a la guerra contra el narco era agitado, pero previsible: unos cuantos cárteles se dividían el mercado --con ocasionales reyertas por los territorios fronterizos--, el aparato de gobierno estaba dispuesto a contemporizar con ellos y una amplia serie de comunidades subsistían gracias a la redistribución de sus ingresos. Cuando el gobierno decidió cazar a los capos, y los cárteles se fragmentaron y pulverizaron, los nuevos lidercillos perdieron la capacidad para lograr acuerdos entre sí, a los gobiernos locales ya no les resultó tan fácil --ni tan productivo-- negociar con ellos de manera tácita o explícita, la seguridad personal se volvió cada vez más incierta y la sociedad civil se convirtió en víctima de sus refriegas.

A 100 años de distancia, y a más de 70 de la legalización de las drogas en el orbe (antes de la prohibición siempre lo fueron), la guerra contra el narco mexicana luce como otra de esas tragedias producto de la irracionalidad que han azotado a distintas comunidades a lo largo de la historia. Así como en 2010 aún se miraba con asombro e incomprensión que EU hubiese prohibido el consumo de alcohol en la segunda década del siglo 20, a nosotros aún nos cuesta entender que la ilegalización de las drogas, una insólita medida de salud pública --perfecta expresión del biopoder, en términos de Michel Foucault--, fuese la causante de tantas pérdidas humanas, el enriquecimiento de los cárteles y la aparición de una sociedad parasitaria de sus ganancias.

Los críticos más lúcidos de la época no cesaron de señalarlo: ¿por qué el Estado ha de impedir que sus ciudadanos mayores de edad tomen drogas? ¿Para no perder su fuerza de trabajo? ¿Para no pagar los costes de su rehabilitación? Con hipocresía, los defensores de la ilegalización trataban a los ciudadanos como a niños sin conciencia y contribuían a sostener un negocio millonario. Porque la ley económica se reveló irrefutable: mientras hubo demanda hubo oferta y ésta no dejó de crecer a lo largo de las primeras décadas del siglo 21 pese a los millones de dólares invertidos en combatirla.

Aunque legítima, la guerra contra el narco estaba condenada al fracaso, y no porque la estrategia bélica fuese errónea,  sino porque su principal objetivo --frenar el tráfico de drogas-- era inalcanzable. Más allá de la exhibición de capos y pacas de drogas decomisadas, el comercio nunca se detuvoen ninguna parte. Por ello, los gobiernos posteriores prefirieron fijarse una meta más modesta: no detener el narcotráfico, sino limitar la violencia asociada con éste.


  Jorge Volpi/Agencia Reforma




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