La verdad que no llega con justicia

Se va Peña Nieto, llega López Obrador. En medio un país agraviado por la impunidad; un país en el que no cabe mas la omisión o la complicidad, mucho menos el perdón. Si, en lo urgente de un Estado de Derecho, la justicia.

Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, describió ayer tan brutal realidad al dar cuenta de la Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos 15VG/2018, de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, “en un caso abominable, que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país”.

“Así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, siendo públicamente identificado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa”, subrayó.

“Este caso es el más ominoso y complejo en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Social y políticamente marcó un antes y un después.

“México es un país adolorido, en donde la justicia más que ser un derecho es una cuestión que se debe pedir y a la que difícilmente se puede acceder.

“La desconfianza en las instituciones, los juicios de carácter mediático y los cuestionamientos sobre la integridad e intención de las autoridades han ocasionado que la verdad, si no es favorable a intereses particulares, se ataque o descalifique.

“Quienes tenían a su cargo el hacer efectivo el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad fallaron en cumplir con tal obligación, y en razón de ello la CNDH optó por acercarse ella misma a la verdad, para lo cual realizó una investigación exhaustiva, tecnológica, científica, multidisciplinaria e integral, con la que atiende los reclamos constantes y el derecho no atendido de las víctimas y de la sociedad por conocer y esclarecer lo sucedido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, así como acceder a la justicia, tras las diversas violaciones a derechos humanos y los delitos que allí se cometieron.

“La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más. Del mismo modo, las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia, ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad. En particular, llama la atención de que las acciones penales no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada.

“…Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados; cuando se hizo público y divulgó el desarrollo de una supuesta diligencia ministerial que posteriormente se acreditó fue desarrollada al margen de la ley, así como el haber negado que existiera material óseo susceptible de ser analizado genéticamente adicional a aquel sobre el que se hizo público que se habían realizado pruebas con resultados limitados.

El remate:

“La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos; la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno; la utilización de la violencia como forma de imposición y actuación de poderes fácticos, al margen de instituciones y leyes; la incapacidad y agotamiento de un sistema de investigación de los delitos y procuración de justicia; así como las consecuencias de que las instituciones renuncien o entreguen indebidamente sus atribuciones legales de investigación y sanción de los delitos a instancias ajenas a las mismas, que no están sujetas a mecanismos imparciales de supervisión y rendición de cuentas sobre su actuación”.

Una verdad que, terriblemente, no llega con justicia.

 

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