EDITORIAL ¿Voluntarias a fuerzas?

Siempre han existido, siempre ha habido polémica sobre las famosas “cuotas voluntarias” en las escuelas, que piden los directivos del plantel, mismas que la mayoría de las ocasiones quieren imponer como obligatorias, al retenerte los papeles del estudiante o, incluso no permitir el acceso de los mismos al plantel educativo.

Hoy le toco al CBTis 68 sufrir de esta cerrazón de sus autoridades, ya que si bien se puede reconocer la falta de recursos con los que cuentan los planteles educativos del gobierno, eso no les permite condicionar la entrega de papeles o la entrada a la escuela.

No hay ninguna justificante para que el CBTis 68 exija una “cuota voluntaria” de mil 080 pesos, so pena de dar de baja al estudiante que no la entregue. Mucho menos que no se les permita dar un parcialidades la imposición de dicho pago.

Es importante en estos casos destacar que hay personas que, por más que quieran, no pueden dar este tipo de cuotas voluntarias. No veamos por la gente que lo puede hacer y que tiene, incluso, un poder adquisitivo mayor para dar cuotas mayores, se debe tomar en cuenta que muchas familias viven al día y les es imposible pagar más de mil pesos de una exhibición. Desgraciadamente hay mucha gente con estas carencias, que tienen apenas para sobrevivir el día y ya es un esfuerzo mayúsculo darle oportunidad a sus hijos para seguir estudiando, ya que además de los cuotas voluntarias también es necesario pagar uniforme, pagar libros, pagar útiles escolares, además de transporte público y demás gastos diarios que se tienen que hacer frente.

La manifestación de los estudiantes del CBTis para denunciar la presión de las autoridades para que paguen la cuota voluntaria debe tener eco en las autoridades de educación y se debe de dejar de condicionar el acceso a las aulas por el incumplimiento del pago.

Simplemente no se puede hacer, es contrario al precepto de educación gratuita que está consagrado en la Constitución Política Mexicana. Ningún estudiante se puede quedar sin estudiar por falta de recursos. El estado debe garantizarle ese derecho.

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